Que el gobierno haya proclamado la libertad de cultos es un hecho que ha molestado profundamente a la mayoría del episcopado. Un mes después del advenimiento de la república se suceden lamentables hechos que parecen poner en solfa lo de la libertad religiosa. El 11 de mayo, el Gobierno Provisional se ve sorprendido ante la noticia de que está ardiendo la Casa de Profesa de los jesuitas, ubicada en la calle Isabel de Madrid, incendio que al parecer ha sido provocado por unos incontrolados. La noticia la cuenta Julio en la cena:
-… y el fuego ha quemado la biblioteca, considerada la segunda mejor de España, pues contaba con miles de volúmenes, entre ellos incunables irreemplazables.
La inacción del gobierno permite que la misma mañana la turba queme más de una decena de edificios religiosos. El gobierno reacciona y declara el estado de guerra en Madrid y, a medida que las tropas van ocupando la capital, los incendios cesan. La quema de conventos y otros edificios religiosos se extiende a otras poblaciones del este y el sur peninsular, por lo que la tensión entre la República y la Iglesia Católica y, por extensión, de todos los fieles católicos, llega a peligrosos extremos. El hecho también afecta a la familia Carreño, pues todos son católicos practicantes.
-Un régimen que quema iglesias y conventos no me representa ni lo quiero –afirma Julia que está muy enfadada ante los virulentos ataques a todo lo religioso.
-Mamá, en esas acciones parece que el gobierno no ha tenido ni arte ni parte –puntualiza Pilar, que quizá sea la más tibia de la familia en cuestiones religiosas.
-Tu madre tiene razón –salta Julio en defensa de su esposa-, hasta la prensa censura duramente los hechos.
-Pero solamente la prensa conservadora y católica –sostiene Pilar.
El gobierno, en lugar de suavizar la crispación, se suma a la interpretación de la izquierda y ordena la suspensión de la publicación del diario católico El Debate y del monárquico ABC, así como la detención de varios significados monárquicos, lo que provoca una dura reacción de la prensa conservadora. Con lo que un nuevo problema se instala en el país: el enfrentamiento, sin ninguna clase de disimulo, entre aquella parte de la sociedad que se declara católica practicante y un gobierno que se está escorando sin tapujo hacia posiciones anticlericales.
La amalgama de la reforma militar de Azaña y la hostilidad entre el gobierno y la Iglesia Católica origina que parte de la sociedad se posicione contra el Gobierno Provisional y, aunque no queda demasiado claro, acaso también contra el régimen republicano. Al menos, así lo refleja el contenido del intercambio epistolar entre Julio y su primogénito. Por otra parte, la reforma militar es duramente combatida por un sector de la oficialidad, los medios políticos conservadores y los órganos de expresión militar.
-Azaña quiere triturar el ejército –clama Julio en la sobremesa-. Se ha atrevido a clausurar la Academia General Militar de Zaragoza, lo que representa un golpe al espíritu de cuerpo del ejército, puesto que es la única institución en la que los oficiales de las distintas armas se forman juntos. Supongo que lo siguiente será cerrar la Escuela Naval Militar de San Fernando donde se formó vuestro hermano.
Pese a los desajustes ocurridos durante los primeros meses de andadura del Gobierno Provisional, la mayoría de la población todavía aguarda esperanzada que el nuevo régimen consiga que el nivel de vida mejore, que el paro vaya remitiendo y que la paz civil eche sus raíces. Los Carreño creen que algo de eso puede estar sucediendo pues las ventas vuelven a remontar y hay tranquilidad en las calles.
Otro ancestral problema que tiene el país es el agrario. Salvo en algunas regiones, en la mayoría del suelo patrio la tierra está muy mal repartida y hay cientos de miles de campesinos que llevan una vida de mera subsistencia, a lo que se une la grave situación que están padeciendo los jornaleros.
-Ya están estos rojos como siempre, solo tienen problemas los peones, como si los demás no los tuviéramos –se queja Julio.
-Pero papá, es que parece ser cierto, ayer leí en El Sol que en Andalucía y Extremadura el pasado invierno se superaron los cien mil parados a los que los abusos en la contratación y los bajos salarios los mantienen en la miseria.
El problema agrario lleva a que los políticos clamen en todas las legislaturas que se debe llevar a cabo una profunda reforma agraria, pero la cuestión solo queda en palabras. Los dirigentes republicanos deciden que, de una vez por todas, el problema agrario deje de serlo y desde el primer día se ponen a ello. En el Estatuto jurídico del Gobierno Provisional se reconoce el derecho de propiedad, pero con la salvedad de que el derecho agrario debe responder a la función social de la tierra. Entre abril y junio de 1931 el Gobierno, a propuesta del ministro de Trabajo, Largo Caballero, aprueba un conjunto de decretos agrarios que tienen un enorme impacto, al menos sobre el papel.
Julio, deseoso de que sus hijos entiendan cuanto está sucediendo, les lee en la sobremesa la información que sobre los decretos da el ABC.
-El primer decreto, llamado de Términos municipales, prohíbe la contratación de braceros forasteros mientras hubiese desempleados en la localidad. El segundo, el de Desahucios, prohíbe la expulsión de pequeños arrendatarios. El tercero, el de Laboreo forzoso, decreta que la tierra que no esté cultivada sea obligatoriamente trabajada por cuenta del propietario. El cuarto, el de Jurados mixtos, introduce las comisiones paritarias. El quinto, el de Arrendamientos colectivos, establece que las sociedades obreras tendrán prelación sobre personas individuales en el arrendamiento de fincas explotables. El sexto, crea una caja nacional para los parados. El séptimo, da créditos a los pequeños campesinos y arrendatarios que necesiten mano de obra y a quienes hayan contratados obreros sin estar en condiciones de pagarles. El octavo, introduce un seguro contra accidentes de trabajo para los obreros agrícolas. Y el último es sobre la Jornada de ocho horas que, a pesar de que ya existe desde 1919, no funciona para los braceros agrícolas. ¿Os ha quedado claro?
A los chicos Carreño parece que no les interesa el problema agrario pues ninguno ha preguntado al padre. Julio piensa que deberá insistir para que sus hijos se vayan sensibilizando sobre los problemas del país. A mediados de junio tiene la ocasión de debatir sobre la legislación agraria con quien menos podía imaginar. Un buen día aparece en la farmacia uno de los mejores amigos de los Carreño en Plasencia, el doctor Lavilla.
-Don Enrique, ¿cómo usted por aquí? ¿A qué debemos el honor de su visita?
-Estoy en Madrid por motivos profesionales y antes de volverme a Plasencia he creído oportuno venir a visitarles como les había prometido.
Julio se lleva al médico a un café cercano para poder charlar con tranquilidad. Tras hacer un repaso de la vida y milagros de sus amigos comunes, la conversación se centra en la actualidad política. Julio se queja de la deriva anticatólica que muestra el gobierno y de la ley militar de Azaña que puede terminar afectando la carrera de su primogénito.
-Usted sabe, Carreño, que siempre me he manifestado como un liberal con lo que inevitablemente tiendo más a la izquierda que a la derecha, y también soy enemigo de todas las guerras, por lo que la legislación que promueve Azaña no la veo mal encaminada.
El antiguo droguero, aunque piensa lo contrario, no se atreve a contradecir al viejo médico que es alguien a quien tiene en gran estima, por lo que desvía la charla hacia otros temas candentes.
-¿Y qué me dice de los decretos de Largo Caballero, qué recorrido pueden tener?
-Antes de darle mi opinión le contaré algo que le va a sacar una sonrisa. ¿Se acuerda de don Eduardo, nuestro amiguete de la tertulia?, pues ya puede imaginarse cómo está con toda esa normativa, lo más suave que opina es que se van a cargar la agricultura, que el país se va a la mierda y que al ministro tendrían que colgarlo de la encina más alta que se encuentre.
-Bueno, no me extraña, al fin y al cabo, es un terrateniente, ¿y qué se puede esperar de alguien como él que paga una miseria a sus peones y les hace trabajar de sol a sol?
-Respecto a mi opinión sobre la legislación agraria del gobierno, lo primero es dejar claro que no soy un experto en asuntos agrícolas, pero en fin…. Entrando en los decretos de Largo, sobre el papel me parecen bastante acertados, pero que habrá que esperar a ver cómo se desarrollan y aplican. Porque una cosa es predicar, y otra es dar trigo, ya que en este puñetero país ocurre con frecuencia que lo que dicta una norma de mayor rango lo contradice, en todo o en parte, otra de menor importancia. ¿Sabe lo que cuentan del inefable Conde de Romanones? Pues, al parecer, en más de una ocasión ha dicho: hagan ustedes las leyes y déjenme los reglamentos. Espero y deseo que esta vez no ocurra así, pero no pondría la mano en el fuego.
-He oído decir que algunos de esos decretos van contra el derecho a la propiedad.
-Creo que eso no es cierto, Julio. La filosofía de los decretos respeta la propiedad privada, aunque es cierto que establecen la intervención del estado para evitar los abusos laborales y fomentar que las fincas sigan produciendo, habida cuenta del probable boicot de la oligarquía rural. También es cierto que la nueva normativa solamente acomete aspectos parciales. Por consiguiente, se hace necesaria una reforma agraria integral que abarque todo el conjunto del problema agrario y que se desarrolle y aplique de manera realista porque, insisto en lo que he dicho antes, una cosa es predicar y otra muy distinta dar trigo.
PD. Hasta el próximo viernes en que, dentro del Libro III, La segunda generación, de la novela Los Carreño, publicaré el episodio 197. Álvaro, alférez de navío
