El caso Tornasol se ha convertido en un
sumario interminable. Como ocurre en otros macroprocesos, la justicia española muestra
su escasa cintura y flexibilidad y, sobre manera, su penuria en medios humanos
y en recursos tecnológicos. Los legajos, por una parte, y los archivos
electrónicos, por otra, se acumulan en los armarios y en los obsoletos ordenadores
del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional. El magistrado Rafael Correa, titular de dicho juzgado, lleva al mismo
tiempo que el caso Tornasol otros mediáticos procesos. El juez tiene fama de
ser muy trabajador, pero la acumulación de sumarios es superior a sus fuerzas. Todo
ello contribuye a que la conclusión del caso se diluya en el tiempo.
Mientras la instrucción prosigue su
inacabable camino, el juez instructor, el fiscal anticorrupción, las
acusaciones particulares y los abogados defensores se recriminan unos a otros
de ser los autores de las filtraciones de datos del proceso, lo que genera que
el caso no desaparezca de las primeras planas de los periódicos y de los
informativos de radio y televisión. Lo que ocurre con los medios y su forma de
tratar el caso Tornasol es un claro exponente de la politización de la prensa
pues según sea la tendencia política del medio así se presenta el caso. Los que
se autoproclaman progresistas apuntan a que Tornasol solo es otro síntoma más
de la corrupción en que están enfangadas las fuerzas políticas de la derecha. La
prensa y televisión conservadoras dan información sobre el caso, pero
acompañada siempre de otras noticias alusivas a casos de corrupción de partidos
de la izquierda. Y los medios sensacionalistas reparten estopa, más o menos
equitativamente entre todos. De lo que se trata es que no decaiga el interés
por el culebrón procesal porque, para los medios, lo primero y más importante
es seguir vendiendo periódicos o sumar puntos en la cuota de pantalla.
Otra consecuencia del inabarcable proceso es
la suerte que corren los distintos protagonistas del mismo. Para empezar,
Rafael Correa ha reforzado más si cabe su papel de juez-estrella, cuando sale o
entra en la sede de su juzgado siempre hay una o varias cámaras que siguen sus
pasos y los reporteros intentan por todos los medios lograr sus declaraciones.
El fiscal intenta emularle, pero al ser considerado como una terminal del
gobierno la prensa le presta escasa atención. Las acusaciones particulares
consiguen sus cinco minutos de gloria cuando logran colocar alguna de sus
denuncias en un medio de prestigio. Y los abogados defensores intentan boicotear
a todos los anteriores al paso que engrosan su currículum al salir una y otra
vez en la tele.
Bien
diferente es la suerte que corre la legión de testigos, imputados y acusados.
Los que más salen en los medios, puesto que han pasado a ser los más conocidos,
son los miembros del directorio de BACHSA. Han estado en prisión preventiva,
pero están a punto de ser excarcelados. Sus abogados han conseguido crear un
estado de opinión contra la medida argumentando que es contraria al principio
del estado de inocencia, que pena a los acusados antes de que se haya
demostrado su culpabilidad y que es poco menos que imposible reparar el daño
que se les cause en el supuesto de que fueran declarados inocentes. Sin embargo
la justicia, a la que se representa como una matrona con los ojos vendados, les
va a excarcelar no por lo que diga la opinión publicada sino porque ha expirado
el plazo máximo de dos años para mantenerlos en prisión preventiva, y el
magistrado Correa estima que ya no hay riesgo de fuga ni de que puedan alterar
o destruir pruebas. En el transcurso de ese lapso de tiempo, la empresa BACHSA
ha presentado suspensión de pagos. Tiene un enorme capital invertido en bienes
raíces, sobre todo inmuebles y solares, pero acusa una notable falta de
liquidez. Por el momento esa suspensión es una situación concursal temporal
mientras se llega a un acuerdo, bajo supervisión judicial, entre la empresa y
los acreedores sobre el modo en que se pagarán las deudas. Esa decisión ha
provocado el enésimo enfrentamiento entre los miembros del consejo de
administración, a los que el tiempo transcurrido en prisión ha pasado factura,
ahora están en la posición del sálvese quien pueda, algo que el consejero
delegado reprocha a sus socios:
-
Ahora no podemos estar a ver quién sale mejor parado de esta encerrona. Aquí
vamos todos en el mismo barco, por tanto o nos salvamos juntos o nos iremos
todos a la mierda – Oriol Bricart no se molesta en usar un lenguaje
políticamente correcto.
- Una
vez que que estamos en la calle lo que hemos de hacer es intentar reflotar la
empresa. Primero, porque hemos invertido en ella la mayor parte de nuestro
capital. Segundo, porque vamos a necesitar mucho dinero para sufragar los
gastos de un proceso que presumo que será largo y complejo – opina Juan Antonio
Cardona.
-
Estoy de acuerdo con Juan Antonio, y por eso me preocupan las jodidas
comisiones rogatorias que el cabrón del Correa ha mandado a medio mundo. Como
empiecen a detectar las cuentas que tenemos repartidas por ahí nos pueden hacer
un roto del carajo – afirma contundente Íñigo Arechabaleta.
-
Estoy con vosotros en todo – tercia Rodrigo Huguet -. Cualquier cosa antes de
volver a la trena. Y a todo esto, ¿qué pasa con los italianos? De momento son
los únicos que se han salido de rositas.
- Y
esperemos que sigan así, porque como les llame el juez vamos a tener otro
frente del que preocuparnos – asegura Bricart.
En el ámbito político, el macroproceso también
ha provocado bajas. Los partidos con afiliados incursos en el caso Tornasol no
han tenido más remedio que al final tomar medidas drásticas. Durante mucho
tiempo estuvieron especulando en que una cosa era estar imputado y otra muy
distinta ser acusado. Así, mientras los miembros del partido solo fueron
imputados, la dirección nacional, tanto del PP como del PSOE, los mantuvieron
en sus filas y en sus cargos. Cuando el magistrado Correa les pasó a la
condición de acusados el curso de la situación cambió radicalmente. Ambas fuerzas
políticas les dieron de baja en el partido y asimismo les pidieron que
renunciaran a sus cargos. Alguno se resistió, pero al final ante la falta de
apoyos no tuvieron otra que abandonar escaños y canonjías. Hubo una excepción:
el consejero autonómico del Territorio aceptó dimitir de la consejería, pero se
negó tajantemente a dejar su escaño como diputado autonómico.
En el ciclo de conferencias populares que el
profesor Pascual Tormo está dando en Senillar, uno de los asistentes cuenta que
ha escuchado en la tele lo del consejero y pregunta a Tormo el porqué del
proceder del político.
- Los
últimos motivos que pueda tener el ex consejero no los conozco, pero lo más
probable es que quiera continuar siendo diputado porque así mantendrá la
condición de aforado – contesta Pascual.
- ¿Y
eso de aforado qué es? – la pregunta era previsible en un auditorio tan escasamente
culto.
- Es
aforada aquella persona o cargo que goza de algún fuero, privilegio o derecho
en materia de jurisdicción y … - Tormo se para, se acaba de dar cuenta de que
ese no es el camino para que sus pueblerinos alumnos le entiendan y cambia su
explicación a un modo más coloquial -. Mientras el ex consejero sea diputado
tendrá el derecho a que le juzgue el tribunal superior de justicia de la
comunidad, formado por varios magistrados, y no el juez que está entendiendo ahora del
proceso, tiene ese privilegio porque es aforado.
- ¿Y
eso qué supone, que ese tribunal será más benévolo? – quiere saber otro.
Antes de que Tormo tenga ocasión de
responder, interviene otro de los asistentes:
- Lo
que supone eso está más claro que el agua clara, si te juzga un solo juez
puedes encontrarte con un digno de los que aplica la ley a rajatabla y te puede
amargar la vida, pero si te juzgan varios siempre habrá alguno o algunos a los
que se pueda untar o, por lo menos que sean fácilmente bizcochables.
-
Ahora lo entiendo. Poderoso caballero es Don Dinero.
