"Los Carreño"

Este blog guarda cinco novelas cuyo autor es Zacarías Ramo Traver. Una trilogía sobre Torreblanca (Castellón): “Las dos guerras de Aurelio Ríos”, la guerra civil en ese pueblo mediterráneo. “La pertinaz sequía”, la vida de la posguerra. “Apartamento con vistas al mar”, el boom inmobiliario y la crisis del 2008. “El robo del Tesoro Quimbaya”, el hurto de unas joyas precolombinas del Museo de América. “Una playa aparentemente tranquila”, un encausado del caso ERE, huyendo de la justicia, se refugia en una recóndita playa (Torrenostra). Salvo la primera, las demás están en forma de episodios. Ahora está publicando otra novela en episodios, Los Carreño, que es la historia de dos generaciones de una familia real e irrepetible, entre 1889 y 1949, período en el que suceden hechos tan significativos como: el Desastre del 98, la I Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la aparición del fascismo, la Guerra de África, la Dictablanda, la II República, la Guerra Civil y el franquismo.

jueves, 21 de agosto de 2014

4.32. Comienza la operación Tornasol

   En la denuncia presentada sobre presuntas irregularidades en el proceso urbanizador de Senillar la acusación es por defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas con grave perjuicio patrimonial para un número indeterminado de empresas e individuos particulares. La denuncia también recoge la existencia de presuntas infracciones de especial trascendencia al ser cometidas por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos.
   A la vista de todo lo anterior, la denuncia es admitida a trámite por la Fiscalía Anticorrupción que asume la investigación. Los primeros indicios apuntan a graves delitos tales como blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias. La tercera entrega de documentos publicados por el diario El Mundo complica mucho más la situación procesal, puesto que parece confirmar la implicación en la presunta trama delictiva de una serie de funcionarios públicos y de políticos de distintos lugares del país.

   La primera reacción de los diversos personajes que, de un modo u otro, pueden estar afectados por las investigaciones de la Fiscalía es muy variada. Los empresarios parecen más preocupados por el recurso contencioso-administrativo presentado por los ecologistas que, aún sin haber sido resuelto, ha conseguido parar por el momento las obras en la Marina.
- ¿Qué recorrido puede tener esa investigación? ¿Lo has hablado ya con los de la asesoría jurídica? – pregunta el consejero delegado de BACHSA a su socio Juan Antonio Cardona.
- Por ahora, el resultado es incierto. Dicen los letrados que dependerá mucho del fiscal que se encargue de la instrucción y de los indicios que encuentre – responde Cardona.
- En Italia pasa lo mismo – afirma il signore Montofarni, quien añade - I giudici sono corrotti.
- ¿Y crees qué pueden encontrar indicios inculpatorios? – inquiere Huguet.
- No creo, salvo que haya por ahí algún majara que esté dispuesto a incriminarse – puntualiza Cardona.
- Pero lo cierto es que hemos untado a un montón de gente, entre otros a los del Ministerio, las Consellerías de Medio Ambiente y Territorio y a los del Ayuntamiento, el actual y el anterior – reconoce candorosamente Huguet.
- Amigo Rodrigo, si a todos los colegas que andan metidos en la construcción, y que han tenido que engrasar a los políticos para recalificar terrenos u obtener con rapidez permisos de obras, les hubiesen investigado, el gremio de constructores estaría en cuadro, quedarían cuatro mal contados en todo el país pues – pontifica Arechabaleta echando mano de su peculiar ironía.

   Los políticos también están, aparentemente, tranquilos, salvo los del ámbito municipal que, quizá por su falta de experiencia en las lides judiciales, sienten un cierto temor ante la intervención de la justicia. Los implicados locales en el proceso urbanizador mantienen una reunión para intercambiar informaciones.
Falta uno de los convocados: Agustín Badenes. Es por quien primero preguntan los asistentes:
- ¿Y Agustín, por qué no está? – inquiere Amador Garcés.
- No sé nada de él – responde José Ramón Arbós -- No he podido ponerme en contacto. No contesta al móvil y su esposa dice que no sabe nada ni quiere saberlo. En cuanto a sus compañeros de Cajaeuropa solo me han informado que la caja le ha dado una baja temporal y no saben más. En todo caso, con Badenes o sin él aquí de lo que se trata es de ver como salimos de ésta.
- A mí no me llega la camisa al cuerpo – confiesa atribulado el alcalde.
- Tranqui, Javier – le anima su correligionario Arbós -, en este puñetero país si hay algo que no funciona son los tribunales. Ya lo dijo aquél que fue alcalde de Jerez, que la justicia es un cachondeo – Lo que no cuenta Arbós, ni siquiera lo ha hecho a su socio Garcés, es que, siguiendo el consejo de su familia, ha abierto cuentas bancarias, tanto en Andorra como en Suiza, donde ha puesto a buen recaudo gran parte de su fortuna.
- Pues yo no las tengo todas conmigo – asegura el concejal de urbanismo -. De momento lo de la Marina está parado y eso se nota. En mi restaurante estamos sirviendo menos de la mitad de los menús que hace unas semanas. Mucho cachondeo con la justicia, pero a quienes nos están tocando los huevos es a nosotros.
- Que se metan los tribunales por el medio nunca es bueno. Recordad la maldición de la gitana: pleitos tengas y los ganes – afirma Garcés.

   La seguridad de que parecen hacer gala los constructores se desvanece como un azucarillo en un vaso de agua, al tiempo que los iniciales temores de los ediles se confirman. Ya en la primera fase de la instrucción, la Fiscalía descubre indicios de que no se trata de una acción individual, aislada de un funcionario determinado, sino que se trata de un grupo organizado que produce o puede producir grave perjuicio patrimonial, tanto a una generalidad de personas como a empresas y a la Hacienda Pública. Y no solo en la Comunidad Valenciana y comunidades limítrofes, sino en otros ámbitos del territorio nacional. Por ello, la Fiscalía Anticorrupción pasa el caso a la Audiencia Nacional, dándole cuenta de las actuaciones ya practicadas.
   Admitido el caso por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por el sistema de reparto, y no deja de ser una sospechosa coincidencia, el expediente es adjudicado al Juzgado Central de Instrucción nº 2, encomendado al magistrado Rafael Correa, uno de los jueces estrella que brilla con luz propia en dicho tribunal y que es más conocido por su continua aparición en los medios que por la solidez de sus instrucciones.

   Definitivamente parece que el melón está abierto y que se abrirá todavía más. Las actuaciones judiciales se precipitan. Al parecer, la Fiscalía cuenta con un misterioso testigo, cuya identidad protege celosamente, que está proporcionando un torrente de nueva y candente información. Como consecuencia de ello, la Policía Nacional se persona en la sede de BACHSA y registra sus oficinas en una operación abierta por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Al día siguiente, el mismo equipo policial registra las dependencias del Ayuntamiento de Senillar por su probable implicación en el caso. También se registran varias empresas de la localidad. Según informan los medios parece que los registros se están centrando en el área de urbanismo.
   Naturalmente, el registro efectuado por la policía, tanto en las oficinas de BACHSA como en las dependencias del Ayuntamiento de Senillar y en algunas empresas locales, provoca un alud de informaciones, bulos, exageraciones, medias verdades… El caso está en boca de todos. Los periódicos lo convierten en noticia de primera plana y los informativos, tanto televisivos como radiofónicos,  ofrecen toda clase de programas en los que mezclan la información con la opinión, el dato riguroso con el comentario a vuela micrófono sobre la suerte que pueden correr los presuntos implicados en lo que ya es un escándalo mediático, urbanístico, político y lleva también visos de serlo judicial. 

   En un pueblo como Senillar, en el que de ordinario ocurren escasos sucesos, un acontecimiento del fuste de la operación policial ordenada por la Audiencia Nacional sobre la, todavía, supuesta trama de corrupción se convierte en la diana a la que disparan todos los chafarderos locales y hasta los que no lo son.   En el tajo donde curra Sergio naturalmente también se chismorrea sobre el caso. De hecho, más que en otros sectores pues, aunque son ajenos al caso,  sus efectos les pueden alcanzar de lleno.
- Estudiante, tú que tienes letras, al follón del choriceo de las recalificaciones y que lleva ese juez que sale tanto en la tele, ¿por qué le han puesto el nombre de Tornasol? – quiere saber uno de los peones.
   Sergio, por toda respuesta, se encoge de hombros y niega con la cabeza. No está para muchas historias, lleva varios días sin pillar una mala papelina y está descompuesto. Es Dimas quien da cumplida respuesta:
- Cuando la policía comienza una investigación de cierto calado suele ponerle un nombre que, necesariamente, no es preciso que guarde alguna relación con lo que investiga. En este caso le han puesto operación Tornasol. ¿Por qué? Vaya a usted a saber, habría que preguntarlo a los maderos – sentencia.
   Lo que el capataz jefe desconoce es que la denominación no es tan fortuita como podría creerse, guarda alguna relación, aunque circunstancial, con los hechos que se investigan, pues al parecer en un hotel del mismo nombre fue donde el desconocido informante, cuya identidad sigue sin ser facilitada, comenzó a proporcionar a la UDEF las informaciones más reveladoras.